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Canadá: declaración conjunta de la AFL-CIO y el Congreso del Trabajo
Las instituciones se manifestaron para apoyar la promoción de tratados comerciales que favorezcan a las personas y no a las utilidades.
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y el Congreso del Trabajo de Canadá (CLC) apoyan y valoran las políticas comerciales y económicas que crean empleos con salarios familiares decentes, refuerzan la protección de derechos laborales internacionalmente reconocidos (incluyendo la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva), protegen nuestro medio ambiente, y promueven la prosperidad compartida y un círculo virtuoso de aumento de los salarios y aumento de la demanda.

Después de 20 años de luchar contra el TLCAN y sus derivaciones, también estamos conscientes del peligro de normas económicas destructivas que amplían los derechos y privilegios de las corporaciones multinacionales a expensas de las familias trabajadoras, las comunidades y el medio ambiente. Las políticas económicas neoliberales, incluyendo muchas de las normas consagradas en el TLCAN y la Organización Mundial del Comercio, han promovido una caída dramática de salarios, derechos laborales, protección del medio ambiente y reglamentaciones de interés público.

Por dicho motivo, hoy nos unimos para anunciar nuestro apoyo incansable por normas diferentes en los tres tratados comerciales pendientes y en los cuales Estados Unidos o Canadá -o ambos- están participando, es decir, la Asociación Transpacífico (TPP), el Tratado Comercial y Económico Integral (CETA) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión Inversiones (TTIP).
De las normas sesgadas en contra de los trabajadores y a favor del capital global incluidas en estos tratados propuestos, una de las más alarmantes es el arbitraje de diferencias inversor-estado o ISDS. El sistema ISDS ofrece derechos legales excepcionales a inversores extranjeros de tal forma que puedan solicitar el reembolso por los contribuyentes de las pérdidas causadas a sus utilidades previstas debidas a leyes, normativas, decisiones administrativas, o prácticamente cualquier otra medida del gobierno. Estos derechos protegidos van mucho más allá de los derechos de propiedad tradicionales y cuentan con tribunales privados, que no están dotados de juristas profesionales que juraron promover el interés público, sino por abogados con fines de lucro, muchos de los cuales representan a inversores cuando no forman parte del juicio.

EE.UU. y Canadá incorporaron este sistema aparte pero desigual en un tratado de comercio global por primera vez en el TLCAN, y actualmente Canadá, EE.UU. y México se encuentran entre los once países más cuestionados en el marco del ISDS. Derechos extremos de este tipo para socavar la democracia no fomentan la actividad comercial nacional (puesto que las empresas locales no pueden recurrir a dicho mecanismo de justicia privado), no favorecen el bienestar de la población (que podría ver a su gobierno revocando políticas populares para evitar fallos adversos), y no impulsan el estado de derecho (que es quebrantado por un sistema paralelo separado solamente para inversores extranjeros).

Nos complace reafirmar la cooperación transfronteriza en la lucha por un comercio centrado en las personas y en el planeta, y no escatimaremos nuestros esfuerzos para promover empleos decentes, aumentos salariales, sólidas redes de seguridad social, servicios públicos e infraestructura de vanguardia, y el fin de escamoteos del poder corporativo, como el ISDS, en todos los tratados comerciales y de inversión pendientes.
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