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El oscuro Tratado de Madrid
Compartimos una reflexión del Dr. César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, con motivo del 2 de abril.
Cuando el 2 abril de 1982 la Argentina recuperó Malvinas debió conocer los riesgos de semejante decisión. Era más fácil imaginar que ese General, ex comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes y afecto al whisky, podía ser elegido presidente de facto de la Argentina que suponer que el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.), con su historia y frente al resto de las potencias, aceptaría sin más abandonar las Islas.
 
Oficiales, suboficiales y soldados argentinos cumplieron la consigna de tomar Malvinas en forma incruenta y, luego, combatieron heroicamente, pese a la incapacidad de la conducción general, una estrategia errónea y la falta de armamento suficiente y moderno, para enfrentar con éxito a una de las armadas más importantes del mundo. Muertos y heridos fueron un pago lacerante y excesivo de la lucha y, sin embargo, ya nada hacía suponer que algo peor podría suceder (materialmente hablando) que aquel 14 de junio de 1982. Pero la recuperación legítima de 11.410 km2 de territorio argentino nos llevó -por el pésimo desempeño del Poder Ejecutivo, la diplomacía y los legisladores- a perder gran parte del Atlántico Sur y el Océano Antártico.

Algunos argentinos dicen que hubiera sido mejor ser colonizados por los ingleses que por los españoles. Todavía no se dieron cuenta que sí, que -mal que nos pese- nos colonizaron los británicos, los mismos que se quedaron con Malvinas en 1833 y tienen a tiro de misil la Patagonia y la Antártida. Cuando el 12 de agosto de 1806 echamos (o, mejor dicho, los orientales y españoles) a los ingleses de Buenos Aires comenzó un largo y silencioso derrotero de ocupación inglesa, con la complicidad de gobernantes y la tolerancia o interés de los ciudadanos informados. Nosotros podemos ser amigos del “simpático” Mark Kent, incluso hacerlo de Racing, porque a los ingleses nos une la tradición futbolera e hípica pero tenemos memoria.

“De los esfuerzos de este día depende la suerte de la América del Sud”, diría el Gral. Antonio José de Sucre a sus soldados al iniciarse el 9 de diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho, que terminaría con los realistas españoles en América. No sabía que dos meses después, el 2 de febrero de 1825, se firmaría el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el R.U. y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tratado que luego repetirían Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, transfiriendo la conducción económica y financiera a los británicos, lo que no impidió que entre 1857 y 1955 más de 2 millones de españoles emigraran a Argentina, en su gran mayoría gallegos, de ahí la forma genérica con la que solíamos nombrar, a quienes fueron un importante motor del desarrollo nacional incipiente.

En ese Tratado se estableció una “perpetua amistad”, pero no frenó al R.U. que, en forma oscura y traidora, invadió Las Malvinas en 1833 y estableció una serie de privilegios, como transformar en inembargables sus posesiones, la libre navegación en mares y ríos, la aplicación de la “cláusula de Nación más favorecida” en todos los negocios, incluso más que las que pudieran recibir las empresas argentinas.
 
Se ratificó en el Tratado Roca-Runciman, suscripto en Londres el 1 de mayo de 1933, en las Declaraciones Conjuntas del 19 de octubre de 1989 y 18/19 de diciembre de 1989 en París, convertidas luego en el Tratado del 14/15 de febrero de 1990, comúnmente llamado Acuerdo de Madrid y en el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones” en Londres el 11 de diciembre de 1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley del Congreso de la Nación Nº 24.184.  

El Dr. Julio C. González (“Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas”, 1998) -a quien aprovecho para rendirle mi más justo reconocimiento, por ser el primero que en sus artículos de “La Prensa” (15/3/1990) y “El Informador Público” (1993) desenmascaró con valentía y dignidad ciudadana este ruin Tratado-, quien oportunamente entendió que “el vocablo ´declaración´ es inapropiado e improcedente, ya que cuando tal manifestación genera obligaciones recíprocas para los Estados que la suscriben y para terceras organizaciones jurídicas internacionales, el término que debe usarse es ´Tratado´ y, por lo tanto, si no media aprobación del Congreso no habrá de ser obligatorio para la República ni tendrá el carácter de ley suprema de la Nación”.
       
El promotor de estos últimos Tratados fue el entonces Canciller y luego Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con el apoyo de gran parte del arco político nacional.
Estos Tratados terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos, y la devolvieron a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio y defensa de la Ley 17.094 (Roberto Roth), a la Argentina de la zona económica exclusiva depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos.
 
Un país colonizado que, pese a tener ocupado por los ingleses 1.639.000 km2 de su territorio marítimo, declara no tener hipótesis de conflicto y desarma sus fuerzas armadas. Un lugar donde, bajo pretexto de la globalización, se extranjeriza el idioma y los hábitos culturales y alimentarios.

La inducción británica es tal que nadie, a costa de ser calificado “de cabotaje”, se anima a denunciar estos Tratados y muy especialmente el de “Madrid”, aunque sea ignominioso y hayan transcurrido ya casi treinta años. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en él para firmar declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.

Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley Nº 23.968 (10/9/1991) de los “espacios marítimos” que determinó las líneas de base y la Ley Nº 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción -modestamente- nos opusimos sin éxito con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que le permitieron al R.U. considerarse -en forma ilegal- como un país ribereño en Malvinas y promover, en la actualidad, la multilateralidad regional del control de las pesquerías para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino; motivo por el cual hoy insistimos en oponernos a la ratificación del Acuerdo de Nueva York y al Convenio del Atún.      

Casi todos hacen silencio. Hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. Los que sólo se enervan cuando se trata de alentar a los connacionales en las competencias deportivas o en las discusiones políticas inconducentes.

Para iniciar las negociaciones que derivarían en el Tratado de Madrid, la Cancillería le encargó al Embajador jubilado Lucio García del Solar las tratativas con el encargado británico ante la ONU Sir Crispín Tickell y éste se reunió a solas el 16/17 de agosto de 1989 en Nueva York. El Embajador inglés le dijo al argentino: “Le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas”. A lo que García del Solar respondió: “… El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ”. Ello significó la extracción de recursos pesqueros argentinos, desde 1976 a la fecha, por un valor comercial final de hasta 148 mil millones de dólares, motivo por el cual los habitantes de Malvinas tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y, como veremos, el control militar británico lejos de reducirse se amplió. Su intervención en el Tratado de Madrid opacó, lamentablemente, su trabajo en la redacción de la Res. de la O.N.U. Nº 2065.

Argentina y el R.U. acordaron, en primer lugar, aplicar “la fórmula inglesa del paraguas”, con la cual ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto ello no significara reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Las consecuencias están a la vista, en 1982 los británicos ocupaban Malvinas y tres millas alrededor, hoy invaden y explotan las islas y doscientas millas, crearon una reserva de 1 millón de km2, reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina. Quiebran todas las Res. de la O.N.U. Nº 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73 y 3175/73, y nosotros permanecemos congelados, declamando ante los foros internacionales.          

Dejaron sin efecto la zona de protección militar (FIPZ) alrededor de Malvinas, pero establecieron un Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca y otros, que de transitorio no tienen nada, que obliga a la Armada Nacional y a la Fuerza Área Argentina (al Ejército no se lo incluyó) a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, cedimos nuestra soberanía territorial, de defensa nacional y autodeterminación en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino a los británicos frente a la misma Patagonia y Antártida Argentina. ¿Hay algún argentino informado que se crea que nuestro país tiene sólo ocupada Malvinas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y que el gobierno de turno le diga, graciosamente, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto?

Se estableció también que ambos gobiernos se intercambien información sobre todo el movimiento pesquero entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas ilegalmente alrededor de Malvinas por los británicos. Además, evaluar en forma conjunta esa información y buscar formas de cooperación, aún a sabiendas, que el R.U. no tenía capacidad alguna para investigar y conservar los recursos y, por el contrario, la Argentina, a través del INIDEP, aportaría sus científicos y buques para hacerlo, y en este mismo momento lo está haciendo.

No es casual que, en ambos casos, los británicos determinaran el límite sur en el paralelo 60º S, ya que es el límite norte del Océano Antártico y el Área de aplicación del Tratado Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), donde no se puede realizar ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico. Están prohibidas, entre otras, todas las medidas de carácter militar e interesa preservar el continente antártico y las aguas que lo rodean, exclusivamente, para fines pacíficos.

Por otra parte, se pactó la posibilidad de que los isleños puedan tener relaciones comerciales con el continente, lo que es muy razonable en atención a que, si es un territorio argentino, es lógico entender que las islas puedan efectuar intercambios con esta parte del país, pero es un absurdo que los visitantes del continente deban sellar sus pasaportes como si ingresaran a otro país o no puedan adquirir propiedades o realizar negocios en Malvinas.     

También se acordó comenzar las negociaciones de promoción y protección de las inversiones inglesas en la Argentina y de nuestro país en Gran Bretaña. Esta última, de aplicación imposible, pero destinada a dar la sensación de un acuerdo equitativo, donde se estableció que los inversionistas tendrían la libre disponibilidad de sus bienes; se les otorgaría la condición más favorable que a cualquier otro Estado; se los indemnizaría por la pérdidas; no se podría expropiar o nacionalizar a las empresas británicas; se les garantizará la trasferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias a los países de origen; el sometimiento de las controversias a los tribunales internacionales y al CIADI, pudiendo extenderse las disposiciones de este Tratado a Malvinas y otros territorios de ultramar.  

Acordaron la factibilidad de un acuerdo de cooperación que la Argentina rápidamente efectivizó, facilitándole vuelos a y desde Chile y San Pablo a Malvinas aceptando la puesta en marcha de una comisión conjunta de pesca que les permite a los isleños conocer la biología de los recursos que migran a Malvinas y, en el área donde las empresas extranjeras licenciadas por el gobierno ilegal de Malvinas pescan, acordó un área de reserva al este de Malvinas para impedir la pesca ilegal y fortalecer el otorgamiento de licencias pesqueras en Malvinas. Aceptó sin queja alguna la ocupación de facto de 1.900 km2 en un espacio denominado GAP al norte de Malvinas y por fuera de las 200 millas de las islas donde se concentran grandes contingentes de calamar; vedó la captura del calamar a los buques argentinos para asegurar la llegada de esta especie a Malvinas para que pudiesen ser capturados por los buques extranjeros con licencia británica. Una sostenida “colaboración unilateral” de Argentina que nunca tuvo contrapartida británica y sirvió para consolidar la ocupación inglesa en Malvinas.

Casi nadie está exento de responsabilidades. El recientemente fallecido Dante Caputo fue el gestor inicial del Tratado de Madrid y no pudo concluirlo porque se aceleró el fin del gobierno en 1989, pero luego, como Diputado, dio su voto afirmativo al Protocolo de Garantías de Inversión en 1992. Los Tratados los terminó concretando Cavallo y casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones partidarias transformaron en Ley el proyecto elevado (mensaje nº 203) por Carlos Menem, Guido Di Tella, Domingo Cavallo y León Arslanián, que, según Julio C. González, “fue redactado por el Foreign Office” (Ob. cit pág. 129).  

A todo esto, nuestra debilidad es creciente, el Proceso echó a “Isabelita” Martínez de Perón y adujo que “el país estaba al borde de la disolución nacional” con una deuda externa de siete mil ochocientos millones de dólares, y hoy debemos 327.167 millones de dólares que representan el 77% del PBI.

En 2016, los cancilleres Malcorra y Faurie ratificaron el Tratado de Madrid para llevar adelante el pacto Foradori-Duncan y seguir entregando nuestros recursos a cambio de absolutamente nada.

¿Diplomáticos probritánicos? No necesariamente. Política, estratégica, educación y resultados probritánicos. Nuestros maestros debieran enseñar a sus alumnos que en 1806 en las invasiones inglesas no los echamos a los ingleses con aceite, al contrario, ellos se dieron cuenta y volvieron, porque en este gran país hay muchos recursos naturales para explotar y los argentinos pareciera que seguimos sin darnos cuenta de ello. Mientras tanto, las Malvinas son como el unicornio azul, son nuestras y las queremos.     
            
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
 
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de entrega”) y articulista de la especialidad.

2 de abril de 2019
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