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Represión en Perú contra aborígenes generó fuertes condenas
Distintas organizaciones nacionales e internacionales repudiaron el accionar policial y militar que produjo más de 30 muertes. Hace más de 50 días la comunidad awajún reclama la derogatoria de nueve decretos que afectan los derechos de los pueblos indígen
Efectivos de la DINOES y el Ejercito protagonizaron un violento desalojo en la carretera Fernando Belaunde Terry, en el sector denominado "Curva del diablo" (Utcubamba. Amazonas), donde hace 10 días unos 2500 nativos de la etnia awajún mantenían bloqueada esta vía en exigencia de la derogatoria de un paquete de nueve decretos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas.
Aproximadamente a las seis de la mañana del viernes diez helicópteros arribaron a la zona y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas por espacio de 30 minutos, luego de lo cual comenzó el tiroteo. El saldo de la represión fue de aproximadamente 30 nativos asesinados, 11 policías muertos y una gran cantidad de heridos.
El líder aborigen Pizango denunció que se trató de “una matanza a manos del Gobierno como parte de un plan de entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras que incluye privatizar nuestras tierras".
El periodista Carlos Flóres, de Radio La Voz, informó que más de 4 mil pobladores de Bagua que se encuentran en la comunidad "El reposo", a 4 km de la zona de conflicto, con el fin de ayudar con víveres y agua a los nativos. Sin embargo, les es imposible pasar debido al cerco policial.
Las comunidades indígenas se manifestaron en demanda de la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 presentado por AIDESEP y que fuera dado por el Poder Ejecutivo dentro de las facultades "delegadas" por el Parlamento Nacional para la incorporación de un conjunto de "medidas normativas" (que no tendrían que colisionar con la Constitución Política del Perú y los acuerdos internacionales adoptados por el Estado Peruano, los cuales también tienen rango constitucional) y cuyo objetivo era la "implementación" del TLC entre Estados Unidos y el Perú.
Este paquete legislativo, que implicaba reformas en asuntos, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, de manejo de biodiversidad y otras materias, fue considerado lésivo e inconstitucional, no solamente por las organizaciones indígenas, sino también por la Comisión de Constitución del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y entes defensores de los derechos humanos e indígenas a nivel internacional, al no haberse respetado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica expresamente en dicho convenio que toda modificatoria de la realidad de los pueblos indígenas debe ser consultada.

Repudios

Durante estos días fueron muchas y variadas las muestras de repudio y condena a la represión policial. La Coordinadora Política y Social (CPS) expresó su enérgica condena a la brutal represión contra los pobladores nativos en Bagua.
En su declaración la CPS agregó el pedido de derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales que afectan a los derechos de las comunidades nativas; convocando a todo el pueblo a salir a las calles a respaldar esta lucha que involucra a todos los peruanos. ”El gobierno debe responder por las consecuencias de la brutal represión que ha ocasionado un derramamiento de sangre a todas luces evitable”.
Por su parte el presidente de la conferencia episcopal, Miguel Cabrejos, y la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, lamentaron profundamente el desenlace violento del conflicto amazónico."La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y provilegiada tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como las de quienes en cumplimiento de su deber constitucional procuran el restablecimiento del orden", manifestó la Defensora del Pueblo.
Tanto la Defensoría como la Conferencia Episcopal invocaron a la protección de la vida. "Conscientes de nuestro deber de protección de la vida y los derechos fundamentales de las personas invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país en lo que sea requerido a fin de resolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas”.
A su vez la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) envió comunicaciones a la Cruz Roja Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que soliciten información al Estado peruano sobre el uso de armas de fuego contra población civil durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua (Amazonas).

Fuente: Rebanadas de realidad.
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