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El País Migrante
Ningún otro país en Sudamérica ha recibido tantos extranjeros en su historia. Asimismo solamente desde hace unos años, los trabajadores/as migrantes en la Argentina han podido conquistar sus derechos. Uno de los actores clave han sido las centrales sindic
El constructor boliviano Max Quispe llegó a Buenos Aires en 1999, detrás de los padres que emigraron para la Argentina después de la Guerra del Chaco. Max vive hasta hoy en la misma región de la periferia porteña donde primer puso los pies: la Villa 15, también conocida como “la oculta”; después que los militares intentaron esconder la pobreza de los ojos de los turistas que venían al país a ver el Mundial de Fútbol de 1978. A pesar de que no venía con la intención de organizar a la gente, como él mismo dice, luego vino la crisis y no le quedó otra alternativa sino luchar por sus derechos y los de sus vecinos de villa miseria.
“A mí me formaron mis padres con vas a comprometerte o no. No dejes nada a medias, siempre hasta el final”, recuerda Max que, siguiendo con convicción ese lema, logró ayudar a formar la Organización Barrial Tupac Amaru, movimiento que congrega a más de 70 mil afiliados por la lucha de los derechos básicos de vivienda, alimentación y salud. “Ese es mi sueño, como coordinador de la Tupac, tener una vivienda digna y un trabajo digno. Y desde ahí poder organizarse. Sé que es un proceso: si llegué hasta donde estoy, aspiro a poder afrontar la nueva alternativa”.
Max no está solo en este sueño, se calcula que hay más de 1.5 millón de extranjeros viviendo en la Argentina. Por lo menos 65% de ellos venidos de países vecinos como Bolivia y Paraguay. Desde mediados de los años 90, el país se ha vuelto unos de los principales receptores de migrantes de Sudamérica, especialmente por la demanda creciente por mano de obra de baja calificación. En 2001, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), esos trabajadores/as representaron 73% de todos los inmigrantes empleados.

Un país de inmigrantes

Durante la mayor parte de su historia, la Argentina se ha definido como una nación receptora de migrantes. Entre 1857 y 1920, el país ha recibido el más gran flujo de inmigración de las Américas, solo perdiendo para los Estados Unidos en esa categoría. Según números oficiales, en 1869, la población total era de 1,7 millón de habitantes. Pero en 1914, 45 años después, el censo registraba un número 4,5 veces mayor, alcanzando 8 millones de personas, una tercera parte de ellos compuesta por extranjeros.
La ocurrencia de ese aumento es explicado por la política del gobierno en esa época que recibía los europeos de brazos abiertos a la Patria Grande. Después de desembarcar en el puerto de Buenos Aires, se indicaba el camino al imponente Hotel del Inmigrante. Con capacidad de alojar a 4 mil personas, el edificio fue construido específicamente para ofrecer alojamiento, comida, atención médica y orientación laboral a los que huían de Europa.
El Hotel fue desactivado en 1953 cuando los europeos llegaban en números reducidos. Pero eso no quiere decir que el flujo migratorio había cesado sino que los migrantes venían de los países limítrofes. Desafortunadamente, para ellos, los brazos de la Patria Grande no eran tan generosos. El autoritarismo y la visión de algunos sectores conservadores empezaban a sustentar que la Argentina no necesitaba de los extranjeros y que ellos eran, la verdad, la causa del desempleo y inseguridad que aumentaba nítidamente.
Desde entonces, el país ha pasado por diferentes olas de políticas volcadas al tema que variaron de las restricciones del régimen militar hasta los diversos decretos de amnistía que intentaron sin suceso dar una solución al problema. En el gobierno Menem, en los 90, la criminalización del migrante alcanzó su auge. Ampliando las facultades del Poder Ejecutivo, el Estado pasó a expulsar inmediatamente del país los extranjeros sorprendidos “in fraganti” en la comisión de “algún delito de acción pública”. No justificar su derecho para la posesión o tenencia del inmueble ocupado era uno de dichos delitos.
Desde los 80, cuando se instaura el neo-liberalismo, sí se abusa de la condición del migrante justamente para conseguir más rentabilidad con la baja de salario”, comenta el coordinador de migraciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Alejandro Delssin. “La ley entendía que el migrante, en esa perversa lógica capitalista, venía a traer problemas al país, cuando sabemos que él viene a contribuir con su desarrollo. Es un laburante más”.
Ser considerado un semejante por sus compañeros de trabajo es exactamente como se siente el paraguayo Carlos Lozantos que se estableció en el país hace 23 años laborando en el área de telecomunicaciones. “Existió de alguna forma pero muy lejos el tema de la discriminación, es casi natural que eso pase” cuenta Carlos que milita en un sindicato que representa los trabajadores telefónicos. “Estoy colaborando desde hace un tiempo con la CTA y las centrales de mi país para armonizar leyes y normas. Estamos intentando que esos papeles no sean tan tediosos y burocráticos y que realmente esa gente se pueda sentir cómoda y uno más en cada país donde le toca residir o trabajar”.
En ese sentido, fue muy bienvenida por el movimiento sindical la promulgación en el 2004 de una nueva ley que pasa a garantizar los derechos de los migrantes. El llamado “Programa Patria Grande” prevé, entre otras medidas, que todos los extranjeros tienen derecho a salud y la educación, aún aquellos que se encuentren en situación migratoria irregular. El Estado también garantiza el derecho de reunificación familiar de los migrantes con sus padres, cónyuges e hijos. Finalmente, se crea una convocatoria para la colaboración de la Iglesia, sindicatos y organizaciones sociales que pasan a ser actores fundamentales en el proceso de regularización.
“Desde el 2003, hay un cambio del paradigma anterior”, comenta Mauro Posada de la Confederación General del Trabajo (CGT-RA). “Se reconoce que hay muchos trabajadores por los cuales -la central y el Estado- orientan el camino para llegar a una situación legal. La persona que tiene un documento puede tener acceso a los derechos de una economía formal. Porque si no él entra en la economía informal, cae en el mercado negro”.

Migrantes sindicalizados

A pesar de ser considerado un gran paso adelante, la nueva ley todavía deja a desear en ciertos aspectos. “Hay una avance muy sustancioso de hacer más fácil la circulación de los trabajadores. Pero se lo dicen en el marco de los papeles. En el territorio no vemos lo que se firma en acuerdos bilaterales, sea factible”, lamenta Delssin. Para el dirigente, es el laberinto de la burocracia lo que más vuelve complicado el camino del migrante hace la soñada regularización. “Las grandes empresas que se nutren del trabajador inmigrante, no le conviene regularizar la situación del trabajador, menos de involucrar en la estructura sindical”.
La tarea de las centrales es involucrar a los migrantes para profundizar las garantías de la ley. “La CGT está tratando de tener un área especifica para ele tema de las migraciones”, dice Antonio Jara, de la secretaria internacional de la CGT. “Los trabajadores que vienen a la Argentina, se relacionan con las organizaciones que los propios migrantes generan. Lo que hacen es vincularse y desde ahí tratar de defender sus derechos. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que está faltando una acción sindical. Inicialmente la secretaria internacional está tomando la iniciativa”.
Una muestra de que el asunto ha entrado de una vez en la agenda sindical está en el hecho de que las centrales argentinas consideran el migrante como cualquier otro trabajador.“Porque la irregularidad de documentación lleva a lo que el capitalismo quiere hacer que es explotar el trabajador y jugar con esa lógica del miedo, de denuncia o para deportar. Eso lleva a que el trabajador realice su tarea de forma totalmente precaria, explotado y con salario a la baja”, denuncia Delssin. El dirigente de la CTA agrega que la afiliación sindical es un instrumento eficaz para que los migrantes sepan que son sujetos de derechos.
Otra clara posición de las centrales argentinas es que todo/a trabajador/a tiene el derecho a no migrar, porque en su país debe haber las condiciones y oportunidades para el desarrollo pleno. Un punto también defendido a nivel continental por la CSA: “La defensa de la libre circulación de personas es basada en la realidad de que el deseo de migrar sea una opción y no una necesidad por las circunstancias de miseria y desempleo”, agrega el Secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la CSA, Rafael Freire Neto.
"Nuestro continente, tiene una posición muy buena en ese sentido, porque hay una coordinación que vemos cotidianamente de unificación e inclusive criterio. En otro momento cada central trabajaba de acuerdo con su contexto político, hoy no es así. Vimos una comunión sindical y de ideología, todos sabemos donde están los problemas y como debemos abordarlos”, resalta Delssin. “No importa si existen limites geográficos, pero no deben existir limites para los trabajadores".
“En esta línea de solidaridad internacional la CSA llama al sindicalismo de la región para tener un papel activo en relación a los trabajadores migrantes. Debemos incorporar el tema como asunto central del sindicalismo y desarrollar políticas más allá de las propuestas”, apunta Freire Neto. “La CSA comparte la visión de las centrales argentinas de que es necesario tener una agenda común vinculado a las propuestas de desarrollo en la región. Eso para que en los procesos de integración regional no sea incorporada solamente la libre circulación de moneda y bienes, sino también la integración de los pueblos y personas con acceso a sus derechos”.

Fuente: CSA. Autor: Alexandre Praça. Colaboración: Mariano Vazquez.
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