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Respuestas a la crisis: dirigentes sindicales reclaman más empleo y cohesión social
Mientras Europa se ve cada vez más amenazada por la crisis económica, sindicalistas latinoamericanos y europeos se reunieron para reforzar su reclamo de priorizar el empleo y la cohesión social. En ese contexto, el Mercosur y la Unión Europea reiniciaron,
La 5ª Cumbre Sindical América Latina y Caribe - Unión Europea, celebrada en los primeros días de mayo en Madrid, contó con la participación de más de 100 delegados y delegadas de organizaciones nacionales afiliadas en Europa a la CES y en América Latina y Caribe a la CSA y también a otras federaciones y sindicatos invitados por las organizaciones convocantes.
Cícero Pereira participó tanto de la Cumbre Sindical como del sexto encuentro de la Sociedad civil de Unión Europea y América latina (ver documento adjunto), previo a la sexta Cumbre de Jefes de Estado UE-América Latina y Caribe concretada el 18 de mayo. El dirigente de la UGT coincidió plenamente con las conclusiones establecidas, que se sintetizan en 23 puntos desarrollados en el llamamiento final y que se resumen a continuación.
A nivel mundial el desempleo ha aumentado en más de 34 millones desde el inicio de la crisis sumándose a los más de 150 millones de trabajadores desocupados. En la Unión Europea el desempleo alcanza a 23 millones de trabajadores que representa una media del 10% llegando en algunos países hasta un 20%.
Los trabajadores estamos profundamente preocupados pues consideramos que muchos gobiernos – y algunas instituciones nacionales e internacionales - se preparan para salir de esta crisis estructural sin considerar que el alto nivel de desempleo - la peor de las consecuencias de la misma - perdurará más años que la recuperación del crecimiento del PBI y que esto requiere de políticas activas de parte de los Estados y de cambios fundamentales de los organismos multilaterales (FMI, BM). Asimismo no se vislumbra en muchos gobiernos voluntad política para avanzar hacia otro modelo de desarrollo que garantice la gobernabilidad económica global y la justicia social, con distribución de la riqueza.
Por la presión sindical, la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G-20 (Washington, 20-21 de abril de 2010) incluyó algunas recomendaciones positivas, incorporando la participación de la OIT. Sin embargo, esta acción positiva contrasta con la ausencia de “un programa agresivo para asegurar un crecimiento más robusto, que aporte más puestos de trabajo” como solicita la CSI y la Agrupación Global Unions, demanda que compartimos.
Desde el inicio de los procesos de asociaciones biregionales, e incluso desde antes, los movimientos sindicales de una y otra región hemos seguido con atención y expectativas que los pasos que fueron dando en forma conjunta cimentaran nuevos vínculos y una relación profundamente enraizada en nuestras historias como naciones, países y pueblos. Sin embargo, en estos diez años y, más allá de los insuficientes programas de cooperación y de dialogo político, no se ha avanzado hacia un modelo de desarrollo equilibrado.
En América Latina se mantienen graves problemas de pobreza, emigración, salud, educación, que manifiestan falta de cohesión social y ponen de relieve los desequilibrios, las desigualdades y asimetrías entre las dos regiones. Es allí donde verdaderamente adquieren importancia el espíritu inicial de los Acuerdos de Asociación, que incluye el dialogo, la cooperación y el comercio. Es impensable alcanzar el desarrollo en la región latinoamericana y caribeña sin que se produzcan cambios sustanciales en la educación, pues los sistemas actuales educativos son excluyentes, con presupuestos excesivamente inferiores con respecto al PIB y con coberturas muy bajas cuando no inexistentes en cuanto a las exigencias educativas nacionales.
El movimiento sindical euro-latinoamericano propuso en la Declaración de su Cuarta Cumbre Sindical de Lima que el marco de las relaciones entre la UE y las sub-regiones de ALC se ampliara para que se incluyeran la dimensión socio-laboral, las cuestiones medioambientales y de migraciones con el objetivo de aumentar la cohesión social en las sub regiones.
Las actuales negociaciones para alcanzar Acuerdos de Asociación arrojan resultados contrarios a las dos regiones pues transitan intensa y esencialmente por el carril comercial. Y además de los temas tradicionales de comercio, se incluyen en las negociaciones la liberalización de los sectores de servicios, solapando los servicios públicos y la posibilidad de que nuestros servicios esenciales puedan ser extendidos al conjunto de la población. Se aplica una liberalización financiera que camina en el mismo sentido de lo que fue uno de los pilares que originó la crisis económica reciente. Una regulación absoluta del sector de propiedad intelectual, incluidas las discusiones sobre patentes y reglas de origen, atendiendo a la presión esencialmente de las empresas transnacionales en detrimento de las mayorías sociales. Y una liberalización e internacionalización de las estratégicas áreas de compras gubernamentales, inviabilizando que estas sean usadas como instrumento para el desarrollo local, regional y nacional.
En el caso de UE-América Central, han hecho caso omiso de los principales cuestionamientos de la sociedad civil de considerar una dimensión social, y en el otro proyecto UE-Comunidad Andina se ha desvirtuado el objetivo inicial de negociación bloque a bloque (abandonando así la finalidad de fortalecer la CAN) y promoviendo una negociación individual con Colombia y Perú, limitada a los aspectos comerciales dentro del modelo neoliberal de Tratados de Libre Comercio.
Esto es aún más inaceptable en el caso de Colombia, donde ocurren numerosas violaciones de los derechos de los trabajadores y donde hay impunidad ante los asesinatos de sindicalistas y de otros dirigentes y militantes sociales. También en Guatemala y otros países persisten altos niveles de corrupción, de violencia y de impunidad casi total en los casos de asesinatos de sindicalistas.
El movimiento sindical internacional reivindica la libertad sindical en todos los países del mundo sin excepción e insta a que los gobiernos desarrollen políticas efectivas para el libre ejercicio de estos derechos.
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