Pablo Zamorano
Luego del triunfo en las elecciones de medio término, el gobierno de Javier Milei apurará el tratamiento legislativo de la reforma laboral, una de las columnas de los cambios estructurales que postula para reconfigurar regresivamente a nuestra sociedad. Nos encontramos en medio de un debate público instalado en el cual los discursos oficial y empresarial buscan construir un nuevo sentido común donde la desregulación laboral aparezca como la opción lógica, moderna, necesaria e inevitable.
El gobierno, junto a voceros empresariales, periodistas y economistas de think tanks neoliberales, presentan lo que llaman "la impostergable necesidad de una reforma laboral". Este discurso se basa en mitos, falsedades, argumentos sesgados, falaces y lugares comunes que expresan principalmente sus intereses, construyendo un sentido común que pretende legitimar la quita de derechos laborales individuales y colectivos como una solución mágica a nuestros problemas económicos y de empleo.
Traducen los intereses del sector empresarial financiero y concentrado en un discurso técnico y de interés general: "esto es bueno para todos, porque creará empleo". Repiten constantemente estos mantras en medios masivos, convertidos en verdades auto-evidentes que estructuran el debate. Descalifican las posturas críticas tachándolas de "ideológicas", argumentando que defienden los intereses espurios de los sindicalistas, de la “casta”, el curro de los abogados laboralistas o los “privilegios” de trabajadores formales, mientras presentan su propia visión como "técnica", "práctica", “modernizadora”, “necesaria” y "de sentido común".
Habitualmente, este discurso argumenta sobre la necesidad imperiosa de dicha reforma, que busca barrer con la legislación laboral existente, a la cual le adjudica prácticamente todos los males de la economía. Sostienen que hay que “modernizar” un marco jurídico laboral antiguo y obsoleto. De esta forma, y bajo una argumentación falaz, plantea que la nueva norma generará más empleo, atraerá inversiones, hará más eficiente la actividad laboral, premiará con mejores sueldos a quienes se desempeñen bajo condiciones más flexibles de trabajo, incorporara a los precarizados y barrerá con los privilegios de los sindicatos y de quienes se aprovechan de “la industria del juicio”, sencillamente eliminando derechos a reclamos y a hacer huelga.
Detrás de la falacia de postular que las políticas de libre mercado y desregulación van a traer beneficios para la clase trabajadora, están instalando “mitos” y “zonceras” que pretenden hacer aceptable esta reforma. Es imperioso entender qué se oculta detrás, dejar en claro las intenciones del gobierno y las patronales, y sobre todo, generar la necesidad de un debate más profundo sobre la importancia de una legislación y una política de protección a los más débiles frente al poder creciente del capital. Además, es crucial visibilizar los riesgos que conlleva esta reforma para toda la sociedad, una reconfiguración con mayor desigualdad, exclusión y disciplinamiento social.
La gran mentira oficial es que semejante retroceso de derechos sería el precio a pagar para crear empleo “formal” y combatir la precarización. En realidad, su objetivo es rebajar las condiciones de quienes todavía tienen convenio, estabilidad relativa y representación sindical. La reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei es un plan político integral para abaratar la fuerza de trabajo, disciplinar a los sindicatos y a toda forma de organización, y convertir a toda la sociedad en mano de obra barata, sin derechos y dócil al servicio de los grandes grupos económicos.
Los objetivos evidentes de esta reforma son: debilitar la fuerza colectiva de los trabajadores y sus organizaciones, fortaleciendo el poder empresarial; restringir la acción colectiva; fragmentar la negociación; y desfinanciar a los sindicatos para debilitar al sujeto colectivo que todavía puede resistir; disciplinar al conjunto de los trabajadores; e inclinar la cancha a favor del capital sobre el trabajo. No es una reforma para quienes no tienen derechos, sino un ataque directo a quienes aún los conservan, con efectos indirectos sobre toda la sociedad. Es posible discutir, debatir y proponer otro marco legal y político sobre el mundo del trabajo sin que signifique la quita de derechos.
Cómo contraponer estas falsedades y mitos. La tarea, no es solo rechazar la reforma, sino disputar ese sentido común emergente. Con este objetivo consideramos vital difundir el documento elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Este informe "Una reforma de regresión laboral", un análisis exhaustivo y fundamentado sobre la iniciativa de reforma laboral impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei. Los autores son Matías Maito, Juan Manuel Ottaviano, Carlos Tomada, Lilia Alonso, Julián Hofele y la edición estuvo a cargo de Florencia Antueno
Este trabajo desmonta sus "verdades" con datos, opone evidencia empírica internacional y nacional que refuta los supuestos beneficios de la reforma. Al historizar y desnaturalizar el proyecto, muestra que la legislación protectora no es un capricho, sino una respuesta a luchas y conflictos históricos. Resignifica el concepto de "modernización" al proponer un verdadero cambio del actual modelo laboral, basado en otros principios; la centralidad del empleo de calidad, la protección como base de la productividad, la negociación colectiva como herramienta de justicia.
El informe del CETyD es, en sí mismo, un acto desmitificador y también de disputa en el terreno cultural, intentando desarmar el nuevo sentido común pro-reforma y cimentar las bases para uno alternativo. Este documento, elaborado por un equipo interdisciplinario de investigadores especializados en relaciones laborales y economía del trabajo, tiene como objetivo desentrañar los contenidos, fundamentos e implicancias del proyecto que busca modificar la legislación laboral argentina.
El documento afirma que el proyecto no es una verdadera "modernización", sino una regresión histórica que desarticula derechos laborales. Insiste que el proyecto de reforma laboral del gobierno, habilita un mayor deterioro de los salarios y de las condiciones de trabajo. Desarticula derechos laborales y sindicales, debilita la negociación colectiva y desfinancia la seguridad social.
Aclara que el discurso oficial plantea que se busca reducir costos e incentivar la contratación. Sin embargo, la evidencia muestra que ninguna reforma laboral crea empleo por sí sola. El principal determinante del empleo siempre es la actividad económica. Las reformas laborales no generan empleo ni aumentan la productividad; pero si pueden incrementar la desigualdad. Las reformas flexibilizadoras de los años 90 acompañaron un proceso de aumento del desempleo y de la informalidad.
Los principales puntos críticos del proyecto son:
- Perfora los pisos salariales y de condiciones de trabajo, que ya se encuentran muy deteriorados, al permitir que los convenios de empresa establezcan condiciones peores que los convenios de actividad.
- Conduce a que el Estado financie el costo de los despidos mediante la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se compensa con una reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social.
- Restringe los recursos de los sindicatos y limita la acción gremial a través de medidas que dificultan su financiamiento (como permitir que las empresas dejen de retener cuotas) y restringen derechos como la huelga (declarando "servicios esenciales" de forma amplia) y la actividad sindical (limitando licencias y asambleas).
- Institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias, permitiéndole no homologar acuerdos que considere generen "distorsiones económicas graves".
- Legaliza el fraude laboral y la desprotección de un amplio universo de trabajadores, invirtiendo la presunción de relación laboral para contratos disfrazados de monotributo o locación de servicios.
- Convalida la precariedad del trabajo en plataformas, excluyéndolo expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo.
- Amplía las facultades de los empleadores para organizar y flexibilizar los tiempos de trabajo, habilitando la extensión unilateral de la jornada, el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones.
- Afecta otros derechos individuales, como la derogación de la Ley de Teletrabajo, la promoción de tercerizaciones, la limitación de indemnizaciones por despido y la extensión del período de prueba.
- Elimina conceptos centrales que buscan reducir las asimetrías, como la limitación del principio de "norma más favorable para el trabajador" y la eliminación de la "justicia social" como doctrina interpretativa.
- Insiste en mecanismos de formalización laboral que no tuvieron efectos positivos en el pasado, como reducciones generalizadas de contribuciones patronales y nuevos "blanqueos".
El informe describe los débiles fundamentos del proyecto
Los supuestos de la iniciativa del gobierno carecen de sustento técnico:
- No hay evidencia de que este tipo de reformas promuevan el crecimiento o el empleo.
- El principal determinante del mercado laboral es la actividad económica, no la legislación.
- Se pretende eliminar un piso salarial que ya está muy bajo mediante la descentralización de la negociación colectiva.
- Las indemnizaciones por despido no son un obstáculo para la generación de empleo, dada la alta rotación laboral existente.
También el documento propone otra tipo de reforma laboral posible
Los problemas del mercado de trabajo argentino no se resuelven con más desregulación. Se requiere un entramado de políticas económicas, productivas y laborales que prioricen la generación de empleo de calidad.
Una reforma necesaria debería:
- Fortalecer y ampliar la negociación colectiva.
- Promover la productividad compatible con los derechos de los trabajadores.
- Impulsar la formación profesional y los comités de salud y seguridad.
- Atender los riesgos psicosociales y reducir las brechas de género.
- Regular el trabajo en plataformas reconociendo la relación de dependencia.
- Avanzar en la reducción de la jornada de trabajo y la soberanía del tiempo.
El proyecto actual, en cambio, expresa un claro empoderamiento del sector empresario y el disciplinamiento de los trabajadores. No resuelve los problemas urgentes, sino que los agrava, deslaboraliza las relaciones de trabajo y busca extirpar la presencia sindical y los principios de justicia social.
Describe las principales razones por las cuales hay que oponerse el proyecto; aumento de la precarización laboral; pérdida de derechos históricos; debilitamiento sindical y de la acción colectiva: profundiza la inequidad y la desigualdad, y es inconstitucional y violatoria de principios jurídicos internacionales. El documento concluye que el objetivo central del proyecto es empoderar a los empleadores y disciplinar a los trabajadores.
En síntesis, el análisis del CETyD-UNSAM presenta el proyecto como una profunda regresión en derechos laborales y protección social, basada en supuestos sin evidencia y con efectos negativos previsibles sobre la protección de derechos, la igualdad y el poder de negociación de los trabajadores. La reforma laboral de Milei representa un cambio de paradigma en la relación laboral argentina, pasando de un modelo de protección y estabilidad hacia uno basado en la flexibilidad y la oferta/demanda. Su destino final depende de la capacidad de la presión social y sindical.
El CETyD-UNSAM pone a disposición de la comunidad académica, los actores sociales, los decisores políticos y el público en general este documento, con el convencimiento de que un debate informado y basado en evidencia es esencial para definir el futuro del mundo del trabajo en la Argentina.