Por Luciana Bertoia
La trama ultraconservadora detrás del ataque a la CIDH
Agustín Laje montó una campaña contra la vicepresidenta del organismo regional, la argentina Andrea Pochak. Es parte de una avanzada contra las estructuras que protegen los DDHH.
El influencer Agustín Laje, director del think tank oficialista Fundación Faro, lanzó una campaña contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde sus redes sociales, el politólogo apuntó sus cañones contra la vicepresidenta del organismo, la argentina Andrea Pochak, y dejó al descubierto cómo la ultraderecha se articula para horadar las estructuras regionales destinadas a la protección de los derechos.
Para Javier Milei, la Fundación Faro es la usina para dar la batalla cultural; Laje, su principal activo. El 17 de junio pasado, publicó en su canal de YouTube un video contra A. Pochak, a quien acusó de haber dejado al Estado argentino indefenso ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Pochak es una referente de derechos humanos. Fue directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta principios de 2011. Luego, pasó a la Procuración General de la Nación y, durante el gobierno del Frente de Todos, fue subsecretaria de protección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Desde enero de 2024, se desempeña en la CIDH.
Cuando estaba en el CELS, Pochak patrocinó la petición de la jueza Marta Catella, que había sido destituida en 2006 del Supremo Tribunal de Justicia de Misiones por fallar contra los aliados de Carlos Rovira. Al llegar a la SDH, Pochak informó en qué casos había intervenido en el sistema interamericano y se excusó. No mencionó el caso Catella. En un descargo público, la abogada explicó que se trató de un olvido involuntario y puntualizó que nunca más había tenido contacto con el caso. En la CIDH, los comisionados no abordan temas que se vinculen con sus países de origen, por lo que no podría intervenir ni en el asunto Catella ni ante una presentación de Cristina Fernández de Kirchner contra su condena, como se especuló en los últimos días.
El 12 de marzo pasado, la CIDH hizo una audiencia en Guatemala en la que abordó el caso Catella. Pochak no participó ni fue mencionada con nombre y apellido. Quien buscó descargar responsabilidad y denunció que el Estado argentino había sufrido “años de absoluta indefensión” fue Joaquín Mogaburu, por entonces subsecretario de Derechos Humanos, que se mostró muy interesado en viajar pese a que acababa de asumir el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que le estaba buscando reemplazante.
Pasaron más de tres meses desde entonces. Mogaburu ya no ocupa la SDH. Por el contrario, Mahiques lo corrió y él pidió quedarse en un cargo menor –una decisión que sorprendió a propios y extraños porque lo esperaba un sueldo de secretario de un tribunal oral federal en el Poder Judicial.
Pese al paso del tiempo, Laje decidió remontar el tema. Para hacerlo, convocó como invitada a Neydy Casillas, vicepresidenta del Global Center for Human Rights (Centro Global para los Derechos Humanos). Ambos hablaron de Pochak y la acusaron de haber incurrido en una serie de faltas, desde conflictos de interés hasta presunta corrupción. Laje aprovechó para calificar al CELS como una organización de “extremistas de izquierda”.
El 19 de junio, a los dos días de publicado el video, un abogado –Iván Szoke Urquiza– presentó una denuncia contra Pochak en los tribunales de Comodoro Py. Entre los denunciados estaba también Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos y actual diputado nacional. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini.
Según los registros del Ministerio Público Fiscal, Szoke Urquiza prestó funciones como prosecretario administrativo en la fiscalía federal 4 –que comanda Carlos Stornelli. Szoke Urquiza figura, además, como docente de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde coincide con Mogaburu.
¿Por qué la avanzada contra Pochak en este momento? Pochak concentra varias características que la hacen una molestia. Integra el bloque progresista dentro de la CIDH --que, en este momento, cuenta con cuatro votos contra
tres--. En ese organismo, está a cargo de relatorías como Memoria, Verdad y Justicia y Movilidad Humana, que documenta, entre otras cuestiones, el trato inhumano y degradante que Estados Unidos les da a los migrantes.
El 28 de abril pasado, la CIDH aprobó una resolución para permitir el apoyo administrativo personal para los comisionados. Es decir, para que cada uno de los siete comisionados pueda contar con un asistente. Pochak firmó un extenso voto en contra en el que sostuvo que la decisión afectaría la credibilidad de la CIDH y podría traer aparejados conflictos de intereses y afectación de la confidencialidad.
En su voto, Pochak decía que solo podrían tener apoyo administrativo personal quienes contaran con los fondos suficientes o financiamiento externo, lo que daba a entender que podría ser una maniobra de algunos Estados para tener mayor control de la CIDH. En ese escrito, la comisionada informaba que, casualmente, en marzo Argentina había sido uno de los seis países junto con Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Perú que presentaron un documento –conocido como White Paper– en el que promovían 37 reformas para recortar las facultades de la CIDH.
Las redes internacionales y el frente interno
No es la primera vez que Laje se une al Global Center for Human Rights para operar contra un integrante de la CIDH. Ya lo hicieron en noviembre del año pasado, contra Arif Bulkan, por quien no sentían mayor simpatía porque estaba a cargo de la relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI.
El Global Center for Human Rights se creó en 2021. En redes sociales, se presenta como una institución que se dedica a defender “la vida, la familia, la libertad y la soberanía en los organismos internacionales”. Es parte de la Political Network for Values (Red Política para los Valores), que cuenta entre sus consejeros al diputado nacional Santiago Santurio –uno de los denunciados por los créditos millonarios del Banco Nación. Santurio es de La Libertad Avanza (LLA), pero proviene del Frente Joven, un grupo que se conformó para oponerse al matrimonio igualitario y a la interrupción voluntaria del embarazo.
Según su web, el Global Center for Human Rights tiene su sede central en Washington, pero tiene presencia en Buenos Aires. Esto se debe a que quien se presenta como su fundador, presidente y CEO, Sebastián Schuff, es argentino. Schuff también proviene del Frente Joven.
El 23 de diciembre pasado, el Global Center for Human Rights firmó un convenio de cooperación con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) –que funciona bajo la órbita de la SDH y está a cargo del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA. Su directora, Ana Mármora, es también una de las referentes más visibles del Frente Joven y suele concurrir a las capacitaciones de la Fundación Faro.
El marido de Mármora, Agustín “Chino” Caulo, es el secretario de Culto y Civilización de Milei. Caulo tiene a su cargo el área de Cancillería que interviene en los organismos internacionales de derechos humanos. Uno de sus funcionarios, Javier Salgado, fue quien en la audiencia ante la CIDH por el caso Catella, acusó a Pochak de haber escondido tres cajas o “treinta kilos” de pruebas.
“Nada de esto es cierto. Yo nunca supe el estado procesal de este caso y nunca recibí directamente ninguna comunicación vinculada al asunto ‘Catella’ mientras ejercí como subsecretaria de Derechos Humanos”, respondió Pochak en un descargo público.
Texto Publicado por Pagina/12 - 01 de julio de 2026